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Sheinbaum confirma que su gobierno conocía orden de aprehensión de EU contra el juez Benítez Alcántara

Autoridades de Estados Unidos acusan al juez, detenido el 1 de noviembre en Colombia, de presuntamente recibir dos millones de dólares en sobornos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles 11 de noviembre que su gobierno tenía conocimiento de una orden de aprehensión emitida por Estados Unidos contra el juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por presuntamente recibir sobornos para liberar a un integrante de una organización internacional de narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si el gobierno estadounidense había informado a México de las investigaciones contra el juzgador y sus presuntos vínculos con una red criminal.

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas sabían de la orden de captura del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque no detalló la investigación. "Por parte del gobierno conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta ahí sí", respondió.

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La presidenta señaló que Benítez Alcántara había salido de México antes de su detención y consideró que el Gabinete de Seguridad y el Poder Judicial podrían proporcionar información adicional sobre el caso.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el juez fue detenido el 1 de noviembre en Colombia, acusado de presuntamente recibir dos millones de dólares en sobornos para ordenar la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por el canadiense Ryan Wedding.

La acusación sostiene que Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark el 24 de febrero de 2025, cuando enfrentaba un procedimiento de extradición a Estados Unidos.

El juzgador enfrenta nueve cargos federales por presunta complicidad posterior al delito. Las autoridades estadounidenses anunciaron que solicitarán su extradición desde Colombia para que responda ante la justicia de ese país.

Las acusaciones permanecen sujetas a resolución judicial.

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