Compartir Lo que parecía ser una simple clausura administrativa durante el inicio de la temporada vacacional en la costa de Yucatán ha encendido las alertas sobre el uso del poder público con fines particulares. En un contexto de creciente desarrollo turístico, surgen nuevas denuncias sobre prácticas autoritarias y discrecionales por parte de ayuntamientos costeros, señalados por invadir competencias legales y vulnerar derechos ciudadanos. El caso más reciente se registró en el kilómetro 27 de la carretera Progreso–Telchac Puerto, donde inspectores del Ayuntamiento de Dzemul colocaron sellos de clausura en negocios ubicados fuera de su jurisdicción territorial, específicamente en un predio del municipio de Progreso. De acuerdo con documentos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (INSEJUPY), la acción carecía de sustento legal y se ejecutó sin notificación previa. Fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para frenar el atropello. Detrás de estas medidas se perfila una figura clave: Ariel Omar Herrera Flores, asesor jurídico de Dzemul y también de Telchac Puerto. Su nombre ha comenzado a figurar en denuncias ciudadanas que lo acusan de operar un esquema de presión a empresarios, clausuras sin fundamentos y cobros injustificados, todo con el respaldo de autoridades municipales. En el centro de la controversia se encuentra también el alcalde de Dzemul, José Wilberto “Willy” Flota Aké (Movimiento Ciudadano), señalado por su estilo de gobierno vertical, falta de transparencia y múltiples observaciones financieras, entre ellas más de 29 millones de pesos sin comprobar, según la Auditoría Superior del Estado. A este se suma Edmundo Núñez, edil priista de Telchac Puerto, quien ha sido criticado por permitir la influencia externa en decisiones administrativas clave. Estas acciones no son casos aislados. Diversos actores locales temen que se esté replicando un modelo ya visto en el pasado: la utilización del aparato institucional para controlar el territorio costero mediante artificios legales, al margen del interés público. Este mismo patrón se documentó durante el sexenio de Rolando Zapata Bello, cuando, desde el Catastro Estatal, se promovieron maniobras para apropiarse de terrenos federales y comunales mediante el uso fraudulento del “fundo legal”. Ahora, bajo nuevas administraciones, el temor es que esas prácticas resurjan disfrazadas de “gobierno eficiente” o “ordenamiento territorial”. En Ixil, Telchac y Dzemul, habitantes reportan un aumento de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, en especial en zonas de alto valor inmobiliario. En este contexto, voces ciudadanas insisten en la urgencia de fortalecer los controles legales y exigir cuentas a las autoridades municipales. La participación de asesores externos, sin mecanismos de supervisión o límites claros, pone en riesgo la integridad de los marcos legales locales. “No se trata solo de un conflicto entre municipios; se trata de cómo se usa el poder y para quién se usa”, señaló un abogado local entrevistado por InformaYa. La costa de Yucatán no necesita más discursos, necesita instituciones que respeten la ley y gobiernos locales que antepongan el bien común al beneficio político o personal. Esta nota se basa en información pública, documentos oficiales y testimonios ciudadanos. Las personas mencionadas cuentan con el derecho de réplica conforme a la ley. Navegación de entradas “Jáalk’ab”: Nuevo programa en Yucatán promueve la independencia de personas con discapacidad Ayuntamiento de Mérida avanza en limpieza de rejillas con apoyo del Ejército Mexicano.
